Ámbito jurídico y patrimonio

Algunas personas pueden ver mermada su capacidad de autogobierno debido a su diversidad funcional. Es por ello que la Ley contempla varios supuestos de protección de sus derechos y seguridad. Estos son:

• Incapacidad y tutela: es el proceso que se sigue para proteger los derechos de las personas que no tienen capacidad jurídica para autogobernarse. La incapacidad la dicta un juez y la tutela recae normalmente en los padres o un tutor legal.

• Curatela: es un cargo de asistencia para complementar la capacidad de autogobierno de una persona que se halla parcialmente incapacitada. Se trata de una asistencia legal que debe rendir cuentas ante un juez una vez al año.

• Patrimonio protegido: es el proceso por el que unos determinados bienes (ya sea dinero, inmuebles, títulos...) y los beneficios que se derivan de ellos se destinan a hacer frente a las necesidades básicas de la persona con diversidad funcional. Este patrimonio se diferencia del patrimonio personal del beneficiario y tiene un régimen de administración específico.

Tal y como prevé la Ley, las personas con posibles dificultades económicas tienen derecho a asistencia jurídica gratuita para garantizar el acceso universal a la justicia.