Los ayuntamientos de Viladecans, Sant Boi y Gavà han presentado alegaciones a la propuesta de la Generalitat de ampliación de la zona de protección especial para las aves (ZEPA) del Delta del Llobregat, en las cuales, en primer lugar, reclaman la suspensión de la tramitación del acuerdo. Los gobiernos municipales quieren que antes se redacte la planificación pendiente del conjunto de espacios naturales actualmente incluidos en la Xarxa Natura 2000 "de manera inmediata y con carácter previo hacia la ampliación de la ZEPA"
Las alcaldesas de Sant Boi, Lluïsa Moret; de Gavà, Gemma Badia, y el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, denuncian que la excesiva ampliación de las zonas de protección de aves que propone la Generalitat pondrá en peligro la actividad agrícola de una zona que supone el 70% del huerto del Parque Agrario, el cual es un 30% de la superficie hortícola de Cataluña.
La suspensión de la tramitación del acuerdo de gobierno de la Generalitat tendrá que permitir trabajar conjuntamente con el territorio y los agentes, implicando tanto la propuesta de la ampliación de la ZEPA como los mecanismos necesarios para que esta revierta los incumplimientos de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea. Tendrá que ser una propuesta consensuada por todas las partes en la que se garantice la pervivencia de la actividad agrícola y su convivencia equilibrada con las zonas de protección de aves.
Los ayuntamientos del Delta piden a la Generalitat que antes de ninguna ampliación de la ZEPA también se garantice un plan de inversiones que recoja las necesidades de la zona, un modelo de gestión y protección adecuado y debidamente presupuestado, y una regulación y gobernanza coordinada con los diferentes agentes que incidan en el territorio. En este sentido, reclaman que desde ahora se implementen las medidas concretas de protección de los espacios naturales, en estos momentos claramente insuficientes.
Los municipios quieren que se aborde la redacción de una normativa única para todo el ámbito que forme parte de la ZEPA del Delta del Llobregat que recoja la zonificación correspondiente a las características del espacio, definiendo claramente las zonas de núcleo de la actividad productiva agrícola para garantizar la viabilidad económica, los núcleos de los espacios naturales protegidos para garantizar la conservación de hábitats y especies, las zonas "tampó" o amortiguadores para reducir los conflictos de frontera entre la zona agrícola y los espacios naturales.
Paralelamente, los ayuntamientos piden que en el marco de la elaboración y tramitación previa de estos planes y/o programas y de la revisión de la propuesta de modificación de la ZEPA, se realice la correspondiente evaluación ambiental, estudios científicos solventes y contrastados que valoren y analicen la situación de deterioro de los hábitats y la biodiversidad, y las causas que la han provocado. Y en la misma dirección, que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva de las afectaciones sobre los espacios agrarios, de conformidad con la legislación agraria, así como las valoraciones de indemnización
Una respuesta insuficiente a Europa
En 2013 se inició un expediente a la Comisión Europea que ponía de manifiesto la pérdida de biodiversidad en el espacio Delta de especial protección, lo que dio pie al envío de diferentes informes a los años 2014, 2015 y 2016 que intentaban rebatir el hecho acusatorio.
Una vez analizado por la Comisión Europea, determina la existencia de una vulneración grave de la normativa europea que ha supuesto un manifiesto deterioro de los espacios naturales, poniendo de manifiesto la falta de diligencia en la vigilancia, seguimiento y gestión de los espacios de especial protección del Delta de Llobregat por parte de la Administración competente, que es la Generalidad de Cataluña, habiendo puesto en riesgo el patrimonio natural colectivo, dejando sus obligaciones y responsabilidades.
Sólo cuando llegó la Carta de emplazamiento de la Comisión Europea se puso encima de la mesa de forma unilateral, en 2022, la propuesta de iniciar la redacción y tramitación del Plan de protección del medio natural de la zona. Una acción de contención que apuesta por una gran ampliación de los espacios protegidos sin tener en cuenta por qué hemos llegado a la situación actual y reproduciendo los errores del pasado. En la propuesta no existe ningún cambio en el modelo de gestión de los espacios naturales que ha supuesto la pérdida de biodiversidad denunciada por Europa.
En este contexto, además, la participación económica de la Generalitat en el Consorcio de los Espacios Naturales ha sido más que insuficiente y, por tanto, los ayuntamientos hemos tenido que sufragar sus gastos por su subsistencia.
Incumplimiento de la Conselleria
En julio de 2022, las alcaldesas y el alcalde mantuvieron una reunión con la consejera de Agricultura, Teresa Jordà, para presentar la propuesta de trabajo del Hub Agroalimentari y, sólo en ese momento, se informó de forma superficial de la propuesta de ampliación de la ZEPA. Los máximos responsables municipales expresaron de forma contundente la vulneración de los principios básicos de colaboración entre administraciones y pidieron a la conselleria que se revirtiera esta situación no deseada por nadie.
Fruto de esta petición, la consellera y los ediles acordaron iniciar unas mesas de trabajo conjunto para analizar la propuesta de ampliación de la ZEPA y su justificación científica con los ayuntamientos, así como mesas de trabajo sectorial en las que tuvieran presencia los principales agentes del territorio y, sobre todo, el campesinado.
La actuación de la conselleria, posteriormente, fue la de publicar la propuesta de acuerdo de gobierno de ampliación el 29 de julio de 2022, obligando a los ayuntamientos a solicitar una ampliación del período de información pública y se aprobó el Programa temporal de Desarrollo de los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 del que hemos tenido conocimiento por el diario oficial.
En este período se ha celebrado una reunión con la Dirección General de la conselleria, a la que asistieron los representantes del Parque Agrario, el AMB y los ayuntamientos de Viladecans, Sant Boi de Llobregat y Gavà. Más allá de los asuntos tratados en cuanto a la normativa del Plan Especial del parque, los ayuntamientos solicitaron expresamente la convocatoria de una reunión específica para que se compartiera el análisis y la motivación científica que sustentan la propuesta de ampliación, y que esta reunión se celebrase antes de la finalización del período ampliado de exposición pública, reunión que nunca estuvo convocada.
Los ayuntamientos del Delta no quieren que se repitan los mismos planteamientos erróneos que nos han llevado a la situación actual, ya que el proyecto afecta a una superficie que representa el 70 % de la huerta del Parque Agrario, el cual es un 30 % de la superficie hortícola de Cataluña.