A iniciativa de Viladecans y el Prat, una cincuentena de ayuntamientos piden más protagonismo para las administraciones locales en la gobernanza de la energía.
Una cincuentena de ayuntamientos han presentado alegaciones conjuntas a la consulta pública que abrió el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático del Gobierno sobre la composición y gestión de las comunidades energéticas. Reivindican mecanismos sencillos y unificados para su tramitación, recursos y herramientas para impulsarlas, capacidad de participación directa en las normas que los afectan, que las comunidades energéticas puedan facilitar el bono social y un sistema de gobernanza de la energía más democrático, en oposición al actual.
Viladecans, a través del Consorcio Vilawatt, y el Prat han sido los municipios impulsores de la respuesta conjunta que más de 50 ayuntamientos han hecho a la consulta pública planteada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático, la finalidad de la cual era recoger la opinión de colectivos y entidades interesadas, administraciones y agentes potencialmente involucrados en el desarrollo de comunidades energéticas, para la transposición al ordenamiento jurídico español de las directrices europeas del mercado interior de la electricidad y de energías renovables.
Estas directivas establecen que los países de la Unión Europea tienen que garantizar en su ordenamiento estatal el derecho a producir, consumir, almacenar y vender la propia energía renovable de la ciudadanía. Se establecen dos modelos de comunidades locales de energía: la Comunidad de energías renovables y la Comunidad ciudadana de energía.
Las alegaciones reclaman disponer de un escenario ambicioso de gestión ciudadana y municipalista de la energía, a la vez que pretenden dar todas las garantías porque las comunidades energéticas operen sin afectar la seguridad del sector eléctrico.
Mejorar el acceso a la energía a través de las comunidades energéticas
Crear comunidades energéticas es una de las líneas que el Ayuntamiento está trabajando dentro del Consorcio Vilawatt, con el objetivo de convertir Viladecans en una comunidad energética, que permita una gobernanza realmente democrática y sostenible de la energía. Dos de las reivindicaciones incluidas son que las comunidades energéticas puedan extender las experiencias de autoconsumo más allá de la limitación actual de los 500 metros y que puedan operar en red de media tensión, permitiendo estrategias de producción cooperativa municipal.
Para mejorar el acceso a la energía para la población en situación de vulnerabilidad, los ayuntamientos proponen que las comunidades energéticas puedan facilitar el bono social o las ayudas que haya en materia de pobreza energética, igual que tendrían que poder hacerlo todas las comercializadoras y no solo las de referencia.
Se propone también crear marcos locales de intervención que permitirían hacer de la energía un vector de transformación de la ciudad, siguiendo los objetivos del Vilawatt. También se prevé que las comunidades energéticas puedan operar como suministradoras, tal como plantea la directiva, cumpliendo una serie de requisitos y con menos exigencias normativas que las que se contemplan para las comercializadoras de ámbito estatal.
A su vez, estas comunidades podrán operar en la red de distribución, tal como plantea la directiva. Porque esta operación se dé con todas las garantías, se entiende que se tendría que hacer de la mano de una distribuidora. Esto podría añadir un dinamismo económico local, como el que está provocando en Alemania y en otros países, que reportaría beneficios para el municipio, sus vecinos y vecinas y para el tejido comercial e industrial.
Algunas de las propuestas incluidas en las quince páginas de alegaciones municipales se inspiran en iniciativas existentes en otros países de la Unión Europea, que, o bien ya han traspuesto estas directivas, o bien han avanzado en la creación de comunidades energéticas sin disponer de un articulado concreto. Se plantean propuestas ya existentes en Alemania, Portugal, Irlanda o Polonia. Las capacidades y requisitos que se establezcan ahora en la transposición de las directivas determinarán la utilidad de estas comunidades energéticas y su capacidad de transformar el actual modelo energético oligopòlic, controlado y gestionado por un pequeño número de grandes empresas, en un modelo distribuido, en que la energía pueda ser gestionada por un tejido social, admin
Las alegaciones han sido subscritas por los siguientes 50 municipios y entidades locales:
Los ayuntamientos de Alcorcón, Argençola, Barberà del Vallès, Barcelona, Cádiz, Calvià, Conil de la Frontera, el Prat, Flix, Fuentecantos, Girona, Granollers, La Palma, Manzanares del Real, Lladurs, Lleida, Los Palacios y Villafranca, Montcada i Reixac, Montornès, Mont-roig del Camp, Navàs, Olost de Lluçanès, Palma de Mallorca, Pamplona, Rivas Vaciamadrid, Ronda, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Martí de Tous, Sant Pere de Torelló, Santa Coloma de Gramenet, Senán, Terrassa, Tibias, Torrebesses, Vacarisses, València, Viladecans, área metropolitana de Barcelona, Agencia de Energía de Barcelona, Asociación de Micropobles, Asociación Nacional de Autoconsumidores (ANA), ITC-*Instituto Tecnológico Canario, EnergÉtica coop, cooperativa de Palencia, Enercoop, cooperativa eléctrica de Crevillent, Vergy, comunidad energética y Diputación de Barcelona.
